Este 2022, en Cataluña se ha aprobado una nueva ley okupas o también conocida como la Ley Antidesahucios, con la cual se reemplaza la norma autonómica del año pasado, que fue suprimida por el Tribunal Constitucional por una falta de forma. Una de las condiciones más polémicas que forman parte de esta ley se relaciona con el régimen de alquiler de una vivienda social a okupas, la cual vamos a explicar profundamente a continuación. En esta cláusula, los grandes propietarios tienen que responder ante concretas obligaciones relacionadas con inquilinos morosos u okupas, que puedan demostrar su vulnerabilidad económica.

Nueva ley okupas 2022 en Cataluña

Estamos hablando de la Ley 1/22, del 3 de marzo, cuya finalidad es hacer frente a una situación crítica en el sector de la vivienda. También denominada como la Ley Antidesahucios,  al fin salió hacia adelante a finales de febrero de este año. Después de su aprobación, esta normativa se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, entrando en vigor a partir del 8 de marzo. Pero realmente, ¿en qué consiste esta nueva ley?

El texto de esta nueva norma nombra, textualmente, lo siguiente:

«La presente ley afronta los retos inmediatos, que no admiten demora, atendiendo a la gravedad de la situación descrita, mediante medidas de refuerzo urgentes para evitar la inminente pérdida de la vivienda habitual de miles de familias en Cataluña, fundamentalmente, mediante alquileres sociales». 

Además, también añade que su propósito es detener los desalojos de las personas que se encuentran en una situación de exclusión residencial. Asimismo, tiene la intención de proporcionar permanentemente seguridad en el hogar, a las familias que han superado situaciones de riesgo de pérdida de la vivienda habitual a través de alquileres sociales.

Esto nos quiere decir que, a los particulares que posean más de 15 viviendas o las empresas que tengan más de 10 pisos deben ofrecer un alquiler social a personas que no pueden pagar el alquiler o que hayan ocupado una propiedad. Del mismo modo, tendrán que llevar a cabo este tipo de cesión por un tiempo determinado, y su número de años dependerá de si se trata de particulares, bancos o empresas.

¿Quiénes son los principales perjudicados con esta ley?

Las mayores perjudicadas ante esta nueva normativa son las empresas financieras, ya que deberán de seguir esta condición de manera obligatoria. Si hablamos de los demás afectados, podrán dirigirse al Gobierno catalán para que se haga cargo del pago del alquiler social al que pueden ampararse los inquilinos morosos u okupas.

El objetivo es que la Agencia de Vivienda de Cataluña se ocupe del contrato de arrendamiento o costear este pago mediante ayudas directas. Por lo tanto, esta nueva ley pretende eliminar los desahucios.

Además, los grandes propietarios que no estén asociados a bancos o a fondos de inversión, tendrán la posibilidad de solicitar que la Agencia de Vivienda de Cataluña se haga cargo de los alquileres de las familias en riesgo, y de esta manera los miembros pasarían a ser inquilinos a precio de pisos de protección oficial.

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