La respuesta, desde mayo de 2020, es que sí: los okupas se pueden empadronar en los municipios donde se encuentren, para tener acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), mejor conocido como renta mínima.

La medida apareció publicada en el BOE el 2 de mayo de 2020, como parte de los pasos del gobierno español para aminorar el impacto económico y social en los sectores sociales más desprotegidos, y fue una instrucción a los municipios salida directamente del Ministerio de la Presidencia, dirigido por Carmen Calvo.

¿Una decisión contra la actividad de los desokupas?

Esta decisión, que abarcaba a ciudadanos y personas que se encontraran en situación de calle, en albergues, viviendo en chabolas o en casas precarias, también incluía a los okupas, y esto encendió las alarmas entre aquellas personas que tienen viviendas invadidas y están buscando ayuda en empresas de desokupas.

El temor consistió en ver en esta medida alguna clase de respaldo legal para los ocupantes ilegales de una vivienda, al aceptar el ayuntamiento esta dirección como domicilio de los okupas.

Una medida con antecedentes

El temor social no era infundado, y es posible que además haya sido alimentado por razones políticas, pero lo cierto es que no se trata de una medida completamente nueva.

En marzo de 2015, encontrándose en el gobierno Mariano Rajoy y el PP, se publicó una medida similar, a la que aparentemente los ayuntamientos no prestaron la menor atención, y en la que se indica que el padrón:

“Debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.

En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos”.

La medida de 2020 lo que hizo fue ratificar esta posición, que además es coherente con otros decretos y medidas anteriores, como las que se encuentran en la del BOE de 1960 y 1985, donde se afirma que:

“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”.

¿Qué implica esta medida para la actividad de los desokupas?

Al estar empadronados, los okupas no logran ninguna clase de amparo legal respecto a las acciones legales de propietarios o de las empresas de desokupas, como queda claramente explícito cuando se señala que:

“La inscripción del padrón es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”.

Por el contrario, al estar empadronados los okupas para recibir las ayudas sociales, quedan identificados los ocupantes, lo que facilita la tarea de las agencias de desokupas en torno a quiénes son los que se encuentran en la vivienda, y permite citarlos para el proceso judicial.

En tal sentido, la medida podría considerarse beneficiosa para los propietarios, ya que obliga a los funcionarios del ayuntamiento a determinar quiénes son los ocupantes ilegales, lo que constituye un paso clave en los procesos de desalojo, que podrían acelerarse.

 

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