Hay muchas personas que deciden arrendar sus viviendas como una fuente más de ingresos, o quizás para no vender una propiedad y que sea ella misma la que genere ingresos y pague sus propios gastos. Cualquiera que sea la necesidad, lo cierto es que a veces, no todo sale bien entre los dueños del inmueble y sus arrendatarios.

En estos casos, es posible que el dueño de la vivienda se vea en la necesidad de llegar a apelar a la justicia para proceder al desahucio de los inquilinos: para esto, se puede apoyar en el capìtulo V, artículo 27, de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Este artículo indica que “el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil”, considerándose la falta de pago una de las obligaciones.

¿Amistoso o juicio?

En general, existen dos maneras para realizar un desahucio: un acuerdo “amistoso”, en el que las partes acuerden el desalojo del inmueble, o irse por lo legal, que sería iniciar un juicio.

Esta última opción es un tanto más larga: en promedio puede durar de seis a ocho meses su resolución.

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