Los okupas son una problemática que se ha expandido preocupantemente en los últimos años. Es una actividad que se suele asociar con las mafias o el crimen organizado. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que recurren a ella por falta de recursos.

Por esa razón, se dice que la okupación es un problema con dos factores principales. Por un lado, los propietarios de las viviendas se encuentran en una situación complicada donde deben desokupar a los inquilinos no deseados. Por el otro, están los inquilinos que por alguna razón o necesidad no pueden abandonar el inmueble.

El nuevo fenómeno de la inquiokupación

De esta combinación de factores surgió lo que se conoce como inquiokupación. El término inquiokupación fue acuñado por la Plataforma de Afectados por la Ocupación para diferenciar este tipo okupación de los demás.

Esta nueva vertiente involucra a una persona que alquila una vivienda de manera legal y que durante los primeros meses paga el alquiler. Hasta que, pasado un tiempo, deja por completo de pagar con excusas o sin excusas y okupa la vivienda.

Una vez que esta situación se desarrolla, comienza el tedioso proceso legal de la desokupación que puede llevar meses e incluso años. En estos casos particulares, el inquilino se convierte en un inquiokupa.

El inquilino indeseado puede, bajo determinadas condiciones, reforzar su posición al acudir a servicios sociales para ser considerado una persona vulnerable. Tiene la posibilidad de, por ejemplo, aducir minusvalía, declarar menores a cargo, encontrarse desempleado y más. Si es declarado vulnerable, su casero no podrá echarlo en años.

La situación producida por la pandemia de COVID-19 empeoró la situación que de por sí era negativa en nuestro país. La actividad judicial en conjunto con los desahucios fue paralizada por completo. Por lo que los propietarios no tuvieron otra alternativa que denunciar su situación públicamente.

Otros tipos de okupaciones

La inquiokupación se distingue de la okupación directa en la que el propietario no puede acceder a su vivienda y la indirecta que se refiere a la okupación de pisos vacíos propiedad de bancos u otras organizaciones financieras.

Todos estos fenómenos han empeorado significativamente en los últimos tiempos. Los propietarios que sufrieron okupaciones creen que se debe garantizar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables, sin embargo, esto debe ser responsabilidad de Servicios Sociales y no de personas particulares.

Medidas antiokupas

Como una respuesta a esta problemática, en Madrid se ha anunciado la formación de una oficina antiokupas con teléfono gratuito que busca asesorar a todos los madrileños afectados por esta situación. El servicio será monitoreado por policías locales de distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La oficina será el punto donde los ciudadanos podrán informarse para denunciar las okupaciones y conocer los pasos que deben seguir para una desokupación exitosa. En los casos en los que la llamada se haya producido dentro de las 24 horas de la okupación, la policía puede intervenir inmediatamente para resolver la situación.

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