La ocupación ilegal de viviendas se ha incrementado en los últimos tiempos por diversas razones entre las cuales destacan la crisis económica y la pandemia del covid-19, que derivó en un largo confinamiento de la población. La respuesta lógica a esta situación no puede ser otra que desokupa.

Por ello, frente a la aprensión y los perjuicios que ocasiona el delito de los okupas, es fundamental ejercer una desokupación legal para defender los derechos de víctimas y perjudicados.

Conducta tipificada

Cuando se produce un ataque a la posesión de un bien inmueble, existe una vía civil de protección que puede ejecutarse mediante acciones interdictales, sobre todo desde que el movimiento de los okupas se extendió notablemente. Por esta razón, en 1995 el Código Penal lo caracterizó como delito.

Por otro lado, penas y multas han sido establecidas para el delito de usurpación cuando los okupas invaden un inmueble ajeno sin permiso del propietario.

Procedimiento civil

De este modo, en el Derecho Penal la ocupación ilegal de inmuebles está sancionada cuando corresponde al domicilio de la víctima y cuando esa ocupación ha sido en contra de la voluntad del dueño, aunque haya sido de manera pacífica.

Desokupa es la consecuencia a una acción realizada en contra de la voluntad de los titulares de las viviendas y puede ser tratada tanto en el ámbito civil como en el penal.

Existe, por lo tanto, un procedimiento civil para ejercer una desokupación legal y para castigar este delito que cometen los okupas.

Hay que aclarar, sin embargo, que existen diferencias entre el delito de allanamiento de morada y el delito de usurpación, aunque son delitos que representan actuaciones penales concernidas con la ocupación ilegal

Allanamiento y usurpación

En este sentido, el delito de allanamiento de morada es sancionado con penas superiores a las que recibe el delito de usurpación.

Esto sucede porque en la morada es donde la persona perjudicada reside de forma permanente y hace sus actividades cotidianas. Mientras que si los okupas penetran en viviendas abandonadas, vacías o en construcción, esto se considera un delito de usurpación.

Acciones de desokupa

Algunos especialistas reprochan la difícil comprensión de la intervención del Derecho Penal en las usurpaciones no violentas, y consideran que deben resolverse con los medios que entregan tanto el derecho privado como el derecho administrativo.

Y es que el Derecho Penal no puede sancionar toda lesión del derecho de propiedad, ya que existen los instrumentos precisos a través de procedimientos interdictales o de desahucio, que llevan a la recuperación de la posesión de una vivienda.

En este contexto, es fundamental frenar este fenómeno mediante acciones de desokupa, como ocurrió en Islas Baleares, donde el Fiscal Jefe Superior aprobó la medida de desokupación legal con actuación directa de los cuerpos policiales sin necesidad de una solicitud de medidas judiciales.

A lo anterior se suma la petición de algunas organizaciones políticas de endurecer las penas y gestionar la expulsión inmediata de los okupas por parte de las fuerzas seguridad del Estado.

 

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