El primer Congreso de Vivienda de Cataluña, que ha agrupado a 500 activistas de entidades, sindicatos y asociaciones que defienden el derecho a la vivienda (como los sindicatos de inquilinos o las plataformas de afectados por la hipoteca), finalizó este domingo tras dos días de compartir experiencias y planear estrategias en el recinto de la antigua Fabra i Coats de Barcelona. Los participantes han aprobado una hoja de ruta de cuatro puntos: pedir una moratoria de los desahucios hasta que se dé alternativa a las familias que pueden perder el hogar; que se congele el precio del alquiler; que las administraciones expropien los pisos vacíos de los grandes tenedores (bancos, empresas y fondos de inversión); y «construir movimiento popular» entorno a la defensa del derecho a la vivienda.

La portavoz del Congreso, Clàudia Ruscalleda, calificó el Congreso de «éxito rotundo» y anunció que en unas semanas se citará a las administraciones y los partidos políticos a una «conferencia política» para trasladarles sus peticiones y emplazarles a modificar la legislación. Por ejemplo, para limitar las subidas del alquiler, para que no pueda haber desahucios sin alternativa para las familias o para que no se produzcan desahucios con fecha abierta.

Además, Ruscalleda anunció una campaña contra la sociedad Divarian, «un fondo que solo en Cataluña tiene 30.000 viviendas» y a quienes los participantes en el congreso han asegurado que quieren convertir en «cabeza de turco», porque aseguran que todas las entidades participantes topan con familias amenazadas de desahucio por esta empresa. La portavoz no ha detallado en qué consistirá la ofensiva. Una de las acciones de presión que ha aparecido en los debates es una huelga de alquileres, la posibilidad que vecinos de edificios con un único propietario dejen de pagar el alquiler, pero por ahora no se ha concretado.

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