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Desahucio en la Real Fábrica de Tapices

Real Fábrica de Tapicería

Según el tribunal el ex-director de la institución ya no tiene ningún derecho de mantener el domicilio familiar en el edificio público.

Debido a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional Livinio Stuyck, debe desalojar el edificio ya que lleva viviendo años allí, sin tener derecho alguno. El inmueble inicialmente estaba adscrito a la Corona y siempre fue de propiedad pública. No obstante la familia de Stuyck estuvo vinculada al inmueble desde su construcción, además de estar trabajando y habitando allí.

Lo que se considera como Patrimonio Nacional a día de hoy, firmaba en 1952 un contrato de servicios con el padre del inquilino, reconociendo así que la familia, dedicada a la fabricación, limpieza de tapices y la conservación de alfombras, podría usar una parte de la fábrica a modo de vivienda.

Conforme pasó el tiempo, Livinio se acabó haciendo cargo de la fábrica y finalmente convirtió el dúplex en su hogar una vez estuvo casado sobre el año 1976, a pesar de que él mismo dice que lleva toda la vida viviendo allí, desde hace por lo menos unos 70 años. En 1990 el edificio pasó a estar en manos de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que se terminó traspasando al Ministerio de Educación en el año 1996.

El señor Livinio finalizó su relación laboral con la Real Fábrica de Tapices en enero de 2003, como se ve reflejado en un acta de conciliación que fue sellada ante el Servicio de Mediación, Conciliación de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, nadie le pidió que por aquél entonces que abandonase la vivienda, la cual estaba asociada a una relación laboral directamente vinculada a su familia con la institución.

No obstante, Trabajos de auditoria interna del Ministerio, terminaron reparando en la peculiar situación y finalmente solicitaron a la familia de Stuyck, unos documentos en los cuales figurase su derecho a seguir habitando el edificio público allá sobre la época del año 2015.

Finalmente la familia Stuyck accedió y echó mano de los contratos históricos familiares, del derecho adquirido, las prórrogas y las funciones ejercidas por Livinio. Aunque la Administración comentó que los documentos ya no tenían ninguna validez por lo que el Ministerio se negó a seguir dándoles residencia gratuita a la familia de Livinio.

El asuntó terminó en los tribunales, donde Livinio acabó recurriendo a la Audiencia Nacional tras perder en instancias inferiores. Así que finalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió contra la familia Stuyck y ordenó su desahucio.

Se considera que el error está en el mero hecho de tener en cuenta la condición que tenía como director de la fábrica para poder habitar la vivienda, y por ello pide el derecho de Administración recuperar la totalidad del inmueble sin abonar indemnización alguna, llevando así a cabo un desahucio administrativo.

Si a pesar de todo esto, los Stuyck renuncian a recoger sus alfombras, tan solo les quedaría un último hilo del que tirar, presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por lo tanto de ello dependería el futuro de los últimos habitantes de la fábrica.

Desahucio en la Real Fábrica de Tapices
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