Los okupas son un problema para muchos propietarios de viviendas desde hace algunos años. Se trata de una situación que genera muchas situaciones complicadas y que obliga a los usuarios a realizar acciones desokupa.
Una posible solución son las empresas desokupa que se encargan de realizar acciones para acabar con la ocupación ilegal. Debido a la gran cantidad de situaciones diferentes que se pueden generar en torno a los okupas existe una normativa específica para regular su gestión.
Novedades en el decreto del gobierno sobre okupas
Los ocupas son individuos que asaltan una vivienda vacía y se apropian de ella para vivir sin autorización de sus propietarios. En sus orígenes, los okupas se centraban en edificios y viviendas prácticamente abandonadas, pero desde hace ya algunos años estos usuarios asaltan viviendas que están en perfecto uso por tratarse de segundas residencias o incluso viviendas habituales.
Estos ocupas han generado muchas situaciones de tensión e injustas en torno a los propietarios de viviendas que según la normativa vigente han tenido que asumir que una vez que esos okupas entran en su propiedad no pueden expulsarlos de forma sencilla.
Son muchas las soluciones adoptadas por los propietarios de viviendas ocupadas. Se busca hacer acciones desokupa para poder recuperar el control sobre el inmueble. Hasta el momento la ley antidesahucios es el texto normativo que regula cómo afrontar situaciones en las que hay ocupación ilegal.
Sin embargo, recientemente el gobierno ha decidido introducir una modificación en la ley antidesahucios, estableciendo ciertas modificaciones importantes. Con fecha de 20 de enero de 2021 se ha publicado un decreto ley mediante el cual se incorporan cambios en esta normativa.
Uno de los aspectos que marca esta ley en relación con los okupas, es que se puede realizar lanzamientos judiciales siempre que los ocupas permanezcan en el inmueble tras haber realizado el allanamiento de morada mediante forzar cerraduras.
El cambio establecido determina que ya solo se podrá realizar el lanzamiento cuando el usuario haya irrumpido en la vivienda y para ello, haya hecho uso de violencia o intimidación sobre la persona. Si no se ha producido tal violencia no habrá forma de usar medidas desokupa.
Esta premisa se mantendrá hasta mayo, fecha en que acaba el estado de alarma del gobierno. Esto implica que se está blindando al okupa en todo momento hasta que llegue esa fecha. Esta situación puede dejar en indefensión a muchos propietarios, que pueden necesitar contratar empresas desokupas para lograr solucionar esta situación.
No obstante, hay que considerar que el espíritu de esta modificación radica en evitar que haya una situación de indefensión o vulnerabilidad para personas que no dispongan de un lugar donde residir en la situación del estado de alarma donde la movilidad está limitada.
Estos cambios pueden dificultar la recuperación de una vivienda para los propietarios que tendrán que esperar a la decisión del juez en cada caso. Existen opciones para conseguir la desocupación gracias a los servicios que ofrecen las empresas desokupas. Puedes hacer uso de los principales servicios que pueden ayudarte a recuperar tu propiedad.