A lo largo de esta pandemia de COVID-19, son muchas las noticias que nos llegan de situaciones extremas. Y una de ellas es la que ha afectado a una víctima de coronavirus, que ha visto cómo no podía acceder a su vivienda okupada mientras se encontraba ingresado en un hospital y finalmente fallecía sin haber recuperado su hogar. Y es que la justicia opera con lentitud, y más en tiempos de coronavirus, momentos en los que se ven más desbordados si cabe que normalmente.

Manuel, de sesenta y seis años de edad y vecino de Puente de Vallecas, en Madrid, además de sufrir por su situación de salud y personal, ingresado en el hospital víctima de la COVID-19, ha sido también víctima de okupación ilegal de su hogar, al que tras fallecer no pudo regresar. Todo comenzó en el año 2016 cuando fue ingresado en una residencia de mayores debido a su frágil salud.

Okupaciones múltiples

Sus sobrinos, alertados por la okupación, acudieron a la policía, denunciaron la situación y, tras un juicio rápido, lograron echar a los okupas ilegales. Sin embargo, aquello fue solo el principio del calvario al que se ha visto sometida esta familia. Tras esta primera okupación, se produjo una segunda.

Al encontrarse estos familiares con los nuevos okupas, intentaron convencerlos de que desalojaran la casa explicándoles la difícil situación de Manuel, a lo que hicieron caso omiso. Así pues, acudieron una vez más a la policía: estos recomendaron a los familiares intentar solucionar la situación por las buenas, pues acudir a la justicia sería largo y costoso.

Sin embargo, la familia decidió denunciar la okupación, y aquí comenzó su viacrucis. La denuncia se interpuso en julio de 2018 y, tras diversos avatares judiciales difíciles de justificar, finalmente el juicio se celebró en el mes de marzo del año siguiente: 2019. Más problemas: los denunciados no se presentaron y el juicio quedó visto para sentencia, una sentencia que nunca llegó. Y no había llegado por un error de forma, por lo que debía repetirse el juicio, el 20 de enero de 2020. Sin embargo, un nuevo obstáculo hizo aparición: el juicio se había anulado y no les proponían nueva fecha para su celebración.

Ya en tiempos de estado de alarma, el juzgado se negó a proceder de ninguna manera sobre el caso declarando que el desalojo no se podía producir porque “supondría un desamparo y una puesta en peligro por el posible contagio que se pudiera producir”. Así pues, Manuel fallecía en el hospital por coronavirus dos días antes de este comunicado: nunca pudo volver a su hogar okupado ilegalmente.

 

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