La situación de las ocupaciones en España ha crecido en cifras si se quiere, hasta alarmantes: según el Institut Cerdá, en 2017 se estimaban en más de 87 mil 500 las familias que ocupaban viviendas de manera ilegal. Esto corresponde a más de 260 mil personas.

Es por esto que muchos propietarios, ante el retardo de los procesos judiciales para proceder a los desahucios, han acudido a otras opciones para poder tener el control de sus inmuebles.

Control de acceso: una opción viable

Entre ellas se encuentra el control de acceso: se trata, como sus palabras lo indican, de controlar, con un vigilante en el inmueble, la entrada y salida de las personas que lo ocupan ilegalmente.

Estos vigilantes están sometidos a la ley de seguridad privada. Precisamente esta ley es la que permite que los controles de acceso sean legales. Y en la práctica, terminan siendo un efectivo método para que los ocupantes ilegales abandonen el inmueble mucho más rápido.

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