El Gobierno catalán ha planteado dos reformas legislativas para lidiar contra las ocupaciones ilegales de viviendas con carácter delictivo. La consejera de Justicia y la de Derechos Sociales han especificado que quieren dotar de “herramientas” a varios ayuntamientos que se declaran impotentes para combatir actividades que provocan “alarma social” y degradan los barrios en viviendas ocupadas. Mediante modificaciones en el Código Civil Catalán y la Ley de Vivienda, la Generalitat podrá obligar a los propietarios de estas viviendas conflictivas, mayoritariamente grandes tenedores, a hacer frente a multas de hasta 90.000 euros si no reclaman a los tribunales un proceso de desalojo. También a ceder a la Administración estos inmuebles para su uso social si no colaboran.
La nueva normativa quiere dar a los ayuntamientos unas normas jurídicas para poder manejar este tipo de situaciones. Cuando un Ayuntamiento perciba que una finca ocupada ilegalmente realice actividades que dañen la convivencia de la localidad, solicitará al propietario que comience la acción judicial de desocupación. Si en el plazo de un mes dicho propietario no ha actuado esta acción ante un tribunal, tanto el Ayuntamiento como la comunidad de vecinos podrán iniciar el proceso de desalojo. Una vez que se presente la denuncia, la decisión final la tomará un juez, que deberá contar con pruebas aportadas por estas entidades locales que demuestren los delitos.
Las consejeras protestan porque los grandes propietarios, como entidades financieras o fondos buitres, son los que se desentienden de estos conflictos cuando grupos criminales como los okupas invaden una vivienda suya para actividades delictivas. También han mencionado a la Sareb como parte de este problema, ya que, según ellas, muchas de las propiedades conflictivas ocupadas son propiedad de esta empresa que el Estado maneja desde abril por tener la mayor parte de sus acciones. La Consejera ha reclamado al Gobierno central el traspaso de los pisos vacíos de esta entidad.
Se prevé que el trámite finalice en unos meses. Después de que se presente la propuesta de modificación del Código Civil, el Govern tiene que aceptar un decreto-ley para que después sea ratificado en el Parlamento catalán. Por otro lado, la Consejería de Derechos Sociales trabajará en la modificación de la Ley de Vivienda, que permitirá imponer multas entre 9.000 y 90.000 euros a los grandes propietarios que no actúen ante los requerimientos por sus inmuebles ocupados con actividad delictiva.
La consejera de Justicia ha recordado que Cataluña suma casi la mitad de las ocupaciones producidas en España (45%), de las cuales el 75% han sido en la ciudad de Barcelona. Los juzgados catalanes tienen 7.345 denuncias interpuestas por ocupaciones durante el año 2021. Las políticas han remarcado que esta medida supone un “toque de atención” a los grandes tenedores y que no habrá exención ante estos problemas de convivencia provocados por los okupas.
