Los okupas se han convertido en un gran problema en Cataluña. Entre la cantidad de desokupas que ocurrieron en los últimos años, el gobierno aprobó una ley antidesahucios que sustituye la norma autonómica aprobada hace un año y que acabó siendo anulada por el Tribunal Constitucional.

Cataluña obligará a ofrecer un alquiler social a los okupas

La nueva ley aprobada contiene una cláusula que causó polémica entre el público relacionada con el alquiler social a los okupas. La ley catalana aumenta las obligaciones de los grandes tenedores frente a sus inquilinos morosos que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Quienes posean más de quince viviendas o aquellas empresas con más de diez pisos en su cartera estarán obligados a ofrecer un alquiler social a quien usurpe el inmueble o, dicho de otro modo, a los okupas.

La obligación de estos contratos se extiende por períodos que abarcan desde los 5 años, para los particulares, hasta los 7 años para las empresas. En caso de bancos o fondos de inversión, este tiempo se extiende a los 12 años.

La nueva ley catalana deja de lado el mecanismo para compensar a los grandes tenedores. Sin embargo, para frenar los desahucios, las personas que se encuentren en el grupo, pero que no estén relacionados directamente con bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat el alquiler de la vivienda si es habitada por una familia declarada en vulnerabilidad económica. Mientras tanto, la familia se puede mantener como inquilinos con alquiler social.

Por medio de la Agencia de Vivienda de Cataluña, la Generalitat asumirá los alquileres de las familias por medio de ayuda económica directa o actuando como arrendatarios de los inmuebles. La norma también contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos sin ninguna justificación.

Las empresas del sector financiero quedarán afectadas mayoritariamente, ya que no tendrán posibilidad alguna de escapar a la obligación del alquiler social a okupas en Cataluña. Además, sus inmuebles podrán ser expropiados si se encuentran vacíos.

Se creará, también, un registro de grandes tenedores que incluirá a aquellas personas con más de 10 viviendas. Las ofertas de alquiler social obligatorio para facilitar el cumplimiento de la ley serán controladas. En caso de que no se cumpla según lo acordado, las instituciones o personas estarán expuestas a sanciones de distinto tipo.

Apoyo de la ley

El alquiler social a los okupas fue respaldado por los socialistas catalanes, el ERC y Junts per Catalunya. Por otro lado, la norma fue respaldada, también, por los legisladores de la CUP y de En Comú.

Vox votó en contra y desde el Cs y el PP no emitieron ningún tipo de voto. Rechazaron, por completo, la petición de evitar el proyecto de ley al Consejo de Garantías Estatutarias.

La nueva ley que obligará a ofrecer un alquiler social a los okupas busca solucionar, en cierta medida, la problemática actual. Las personas jurídicas que no entran en el registro de grandes tenedores podrán beneficiarse de la ley, mientras que los grandes tenedores y las instituciones serán los más perjudicados.

 

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