La okupación es un problema social, pero también es un problema jurídico importante. El hecho de la okupación supone situaciones dramáticas asociadas a familias que disponen de una vivienda y se quedan sin ella o de familias que no tienen una vivienda y optan por ocupar una de manera ilegal.

El problema jurídico de la okupación

En España se reconoce el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, pero también se reconoce la potestad del estado de disponer de nuestros bienes siempre que sea para cubrir una labor social o proteger a colectivos vulnerables.

Realmente la okupación es un delito en nuestro país que está sancionado. De hecho, si una persona ocupa un inmueble sin autorización y se mantiene en él contra la voluntad del dueño se considera que puede haber una multa que oscilará entre los 3 y los 6 meses.

Se considera que el hecho de la okupación es ilegal siempre que se den las circunstancias siguientes:

  • Se trata de una okupación si violencia de un inmueble que no es de su propiedad y que no sea la vivienda habitual de alguna familia.
  • Para ser considerado delito es necesario que la okupación se haya producido sin la autorización de ninguno de los propietarios.
  • Debe mediar una denuncia del propietario como manifestación de que se opone a la okupación.
  • Que los responsables de la okupación sean conscientes de que han cometido dolo y que no tienen la autorización necesaria para entrar en el inmueble.

Pasos para seguir para evitar la okupación

Es fundamental que tengamos en cuenta que todo proceso de okupación pasa por varias fases que te relatamos a continuación.

Reconocimiento del delito

El primer paso para poder iniciar un proceso de desocupación es que haya un reconocimiento del delito. Esto es posible analizando los hechos y comprobando si cumplen con los requisitos establecidos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que en el momento en que haya una entrada en un inmueble ajeno, que no sea vivienda habitual de otra persona, sin violencia y sin autorización de su dueño y siendo el dueño consciente de que no ha autorizado este hecho, se considera que ha habido una ocupación.

Proceso de desalojo

En el momento en que se ha reconocido que existe un delito, es posible recurrir a la justicia para resolverlo. En este caso es necesario que haya una resolución judicial para iniciar el proceso. El plazo habitual de este proceso oscila entre los 6 meses y 3 años.

Condena

La tercera fase en el proceso es la condena. Esto implica que una vez que se emite la orden del juez para la desocupación de la vivienda, los okupas tienen que abandonar la vivienda y serán sometidos a una multa de diversa cuantía.

Esta situación, aunque no derive en cárcel, sí que implica que puedan tener antecedentes y ser un problema para gestiones futuras.

Sin duda, la okupación de viviendas siempre supone un trastorno para los propietarios que podrán disponer antes o después de su inmueble dependiendo de factores varios.

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